S&P justifica esta decisión en el hecho de que “las disputas políticas y las acciones legales hacen que el momento de la designación de un nuevo gobierno catalán sea incierto. En consecuencia, carecemos de visibilidad sobre si las relaciones entre el nuevo gobierno catalán, una vez formado, y el gobierno central de España pueden volverse cada vez más tensas, o por el contrario, si el conflicto político podría atenuarse”. Para los analistas de la agencia, esta situación supone un riesgo considerable para la capacidad de pago de Cataluña.
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