Los infractores de las leyes de urbanismo recurren a disfraces o montajes fotográficos para evitar el derribo de sus construcciones ilegales. En los cuatro años de media que se tarda en ejecutar la orden judicial pueden darse infinidad de episodios rocambolescos, como que el dueño de una casa ilegal finja ser un apicultor o tretas más complejas y peligrosas como realizar un montaje fotográfico para acreditar un derribo que nunca se ha realizado.
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