La proposición de ley de la Xunta entiende la negativa a la inyección como una "infracción leve". Es decir, en la mayoría de casos, las personas que se salten esta indicación tendrán que pagar entre 1.000 y 3.000 euros de multa. No obstante, el texto deja una posibilidad a que esto se convierta en infracción "grave". Es aquí donde las sumas pueden crecer.
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