El proyecto de ley y las enmiendas del PP, PSOE y UPyD suponen la translación a una ley de los deseos de la industria de los contenidos en perjuicio de los ciudadanos y autores. En lugar de elaborar una ley que trate de adaptarse a la realidad y que equilibre los intereses sociales de acceso libre a la cultura y remuneración de los autores para que sigan creando, la futura norma se limita a considerar la cultura una mercancía más.
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