Pese a no tener oficialmente ninguno de sus derechos civiles y políticos restringido, unas 40.000 personas no pueden presentarse en ninguna lista sobre la que pese la sospecha de ser cercana a la izquierda abertzale, puesto que podrían provocar su ilegalización por haber sido en el pasado candidato o interventor de partidos o agrupaciones ilegalizadas.
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