La Administración española propone retirar el 60% de los teléfonos 800 denunciados, ya que incumplen normas como la de especificar el precio de la llamada, prometer falsos premios o pretender prestar servicios de asistencia técnica. En 2005, la inspección ha abierto 14 expedientes a otras tantas empresas por valor de casi medio millón de euros.
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