Amnistía Internacional ha pedido al Congreso guatemalteco que opte por abolir la pena de muerte, en lugar de regularla conforme a la legislación que se está debatiendo actualmente, que permitiría utilizar esta pena por primera vez desde el año 2000. La nueva legislación crearía indultos presidenciales para las personas condenadas a muerte, una medida que permitiría al país utilizar la pena capital, en lo que los políticos dicen que es una respuesta a la presión pública ante la creciente violencia de bandas.
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