La Fiscalía Superior de Andalucía pidió ayer una nueva regulación penal en los delitos relacionados con el deterioro del patrimonio histórico porque en estos momentos hay una cierta impunidad en esta materia. La preocupación, compartida con el Defensor del Pueblo Andaluz, afecta sobre todo al expolio de yacimientos arqueológicos, que no está penado como tal.
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