Los herederos de las tierras en las que El Pocero edificó su macrociudad en Seseña (Toledo) acusan a José Bono de haber influido en las decisiones judiciales para que no se ejecutaran las sentencias que les daban la razón y obligaban al constructor a abonarles el precio actualizado del suelo. Éstas les reconocían los derechos sobre el terreno y el espacio urbanizado y construido.
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