Los compradores, cuya intención final era recalificar el suelo para construir un polígono industrial, pagaron entre diez y doce euros por el metro cuadrado de rústico. Años más tarde las mismas fincas se revendieron por cantidades que jamás hubieran soñado los antiguos dueños: entre 1.500 y 2.000 euros el metro cuadrado. Ahora la fiscalía anticorrupción de Balears investiga la presunta comisión de delitos durante la gestación del polígono.
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