Un magistrado condena a pagar 270.000 euros al Sergas, que había aducido respeto a "la objeción de conciencia" de sus trabajadores para no practicar un aborto de un feto inviable en la semana 32. Obligó a la mujer y su pareja a viajar 500 kilómetros hasta una clínica privada en Madrid, que la derivó a otra clínica pública por complicaciones médicas que acabaron con la extirpación del útero. La sentencia estima también que se alargó "innecesariamente" el embarazo: "Se ha puesto en peligro la vida de la recurrente y ha perdido definitivamente...
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