La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 90.000 euros a los tutores de un joven minusválido psíquico y físico que pasó casi dos años en prisión preventiva por un crimen que no cometió. Alejandro A. G., que entonces tenía 25 años, pero una edad mental de un niño de tres, fue acusado de matar a golpes y mordiscos a un compañero de residencia, un centro privado para psicodeficientes en San Pedro Alcántara, en abril de 2001
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