Los hechos juzgados sucedieron entre 1999 y 2005, período en el que la persona disminuida psíquica trabajó por determinados períodos de tiempo como ordenanza para las Delegaciones de Empleo y Educación y como celador en el SAS. El Juzgado de lo Social Número 1 de Huelva ha condenado a las Delegaciones Provinciales de Empleo y Educación de la Junta de Andalucía en Huelva al pago de una indemnización de 130.000 euros a una persona deficiente mental.
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