CCOO y UGT han acusado al Gobierno de desidia y de promover con ello el desmantelamiento del Servicio Postal Universal y la inviabilidad de Correos, puesto que ha recortado a la empresa pública en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) dos tercios de la financiación en el Servicio Postal Público prestado a los ciudadanos.
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