La Guardia Civil ha desarticulado en las provincias de Valencia y Castellón una banda organizada formada por siete empresarios de la construcción que vendían documentos falsos de estancia supuestamente legal en el país. Hacían creer a los inmigrantes, a quienes cobraban entre 2.000 y 4.000 euros, que habían regularizado su situación. Alegan que efectuaban esta estafa ante la crisis de sus empresas.
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