La seguridad jurídica es lo que diferencia a las repúblicas bananeras de las otras, y su base es el cumplimiento de los contratos por las partes. No cumplió este requisito el Ayuntamiento de Ibiza, y cuando la otra parte lo exigió, el Ayuntamiento no recurrió al juez sino a la libertad de expresión, la censura y lo feo que ven al obispo. Ni la edil Mayans ni la alcaldesa Costa encaran el problema: si se cumple o no el contrato entre obispado y Ayuntamiento que exige el visto bueno de aquél a las exposiciones en su propiedad de l´Hospitalet.
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