Una comunidad de vecinos de Lleida decidió en junta que uno de sus vecinos debía retirar del balcón privado de su casa una bandera española constitucional que había colgado. Ante la negativa del vecino a retirarla se avisó a la Guardia Urbana para que procediera. La cosa terminó en el Ayuntamiento, al comprobar que no se podía obligar a retirarla porque "no hay ninguna ley que lo prohíba".
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