El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, defendió ayer durante la primera discusión a nivel ministerial sobre la nueva norma de la Unión Europea para recortar el precio del uso del móvil en el extranjero la necesidad de tener en cuenta no sólo los intereses de los consumidores sino el impacto sobre las compañías telefónicas. Francia y Reino Unido presentaron una propuesta conjunta alternativa a la de la Comisión, que coincide en algunos puntos con la postura de España y diverge notablemente.
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