La aparición de urnas y la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 comportaron dos respuestas del Estado. La primera, a plena luz del día y con miles de cámaras para dejar constancia, consistió en la represión policial de la votación. La segunda llegó al día siguiente: en silencio y amparados por la discreción habitual del sector financiero, se produjo un vaciado masivo del dinero que las empresas públicas y administraciones del Estado tenían a los dos grandes bancos catalanes.
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