Las máquinas redujeron el 'cuerpo del delito' a escombros. Hace sólo unos días, la Justicia ejecutaba por primera vez en Granada la demolición de una edificación ilegal, una medida que llevaba aparejada una pena de cárcel para el constructor: concretamente, un año y seis meses de presidio por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otros ocho meses de prisión por desobediencia.
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