Los afectados por los derribos estuvieron acompañados por su abogado, que indicó que el episodio de Vilarchán demuestra que los realojos no son posibles porque nadie quiere a los gitanos. También se refirió a las posibilidades de mantener la opción de compra e incidió en que los terrenos donde se levantaron las chabolas ilegales son propiedad de las familias.
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