La primera en hacerlo ha sido la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de centros concertados (FAPA) de Córdoba, que apuntó ayer directamente a la Junta de Andalucía como responsable de coacciones que han recibido a través de varios centros educativos, que han amenazado a los alumnos con expulsarlos si no cursan la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
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