La ley permite encerrar de por vida a los delincuentes que una comisión (integrada por un prefecto, un magistrado, un psicólogo, un psiquiatra, un abogado y una víctima) considere peligrosos. La prolongación del encierro, una vez cumplida la pena, es por un año, pero este plazo puede ser renovado indefinidamente por otra comisión compuesta por tres magistrados.
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