Todo empieza a principios de año cuando el gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, uno de los políticos más poderosos de Japón, presentó un proyecto de ley para modificar la actual Ordenanza para el desarrollo de una Juventud Saludable con la intención de acabar con la publicación, venta o alquiler de cualquier anime, manga o videojuego que presente a menores de edad en un contexto erótico.
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