Tras nueve meses de entrada en vigor, y dos semanas después de que el juez Garzón reactivara la polémica, el Gobierno, que hasta ahora apenas había movido el asunto, ha puesto el pie en el acelerador para desarrollar los puntos más delicados de la Ley de la Memoria. En especial el de la elaboración de un mapa de fosas de la guerra y la eliminación de los símbolos franquistas.
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