Esos estudios se utilizaban para detectar el estado de la vía y llevaron al Gobierno de Carmena a descontar de la factura a la empresa que gestiona M30 2,2 millones de euros en junio de 2019. El Ayuntamiento de Gallardón permitió irregularidades a las constructoras de la M-30 para que cobrasen los máximos sobrecostes
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