Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, reacios en su mayoría a acabar con el callejero franquista que aún domina centenares de pueblos y ciudades españolas, pueden estar tranquilos. A pesar de que el Gobierno anunció que la ley de la memoria histórica llevaría una recomendación a municipios y comunidades para que eliminaran la simbología franquista de sus calles y plazas, este texto fue retirado a última hora del artículo 17 del proyecto de ley.
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