Existen medio centenar de empresas que dependen directamente del Gobierno de Baleares y en la mayoría de ellas se han suprimido las dietas para los responsables de los consejos de administración. En otras, sus cantidades se han reducido para ajustarlas a las políticas de austeridad. Mientras se subvencionan derribos de urbanizaciones ilegales con dinero público.
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