Hacienda nunca había reclamado esas pensiones pero “la falta de dinero obliga a aplicar de forma estricta la letra de la ley”, según transmitió el Delegado de la Agencia Tributaria en A Coruña a los afectados. El fisco les reclama no sólo el pago de impuestos sino también intereses de demora y sanciones por no haberlas declarado hasta ahora, en total, entre 10.000 y 15.000 euros por cada jubilado emigrado que decidió regresar a su país.
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