Un hospital público de Madrid se negó a realizar un aborto terapeútico pese a que el feto era inviable y había riesgo para la salud de la mujer. Todos los ginecólogos del centro son objetores de conciencia y consideraron el caso como una interrupción voluntaria del embarazo que la mujer, geriatra del propio hospital, tuvo que tramitar por su cuenta en una clínica privada.
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