En febrero de 2007, el Tribunal Supremo anulaba las licencias del centro comercial más grande de Galicia y de 2 torres de 16 plantas por incumplir el Plan Urbanístico de Vigo. Un año después se sabe que el derribo del complejo ordenado por el Supremo costaría a las arcas municipales 100 millones de €, por lo que se están apresurando a "legalizarlo" a través de un nuevo PGOM, polémicamente aprobado en diciembre (
www.vigometropolitano.com/news/177/ARTICLE/3362/2007-12-29.html). El colmo de los despropósitos, en el primer comentario.
