El estudio ha sido realizado por un catedrático de Derecho Penal a petición del Govern balear. Se concluye que ninguno de los convenios firmados por el Govern balear con Fomento y con el Consell Insular «otorgaron realmente la competencia para la construcción de las infraestructuras a la Comunitat Autónoma y lo que ésta ha llevado a cabo ha sido una clara estrategia de fraude de ley para, aparentando competencia, ejecutar por sí misma la construcción de la infraestructura deseada».
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