“Esta clasificación justo antes de la entrada en vigor de la ley de transparencia debería escandalizarnos en pleno siglo XXI”, considera Alba Gutiérrez, coordinadora de campañas de Access Info. Y subraya: “Es muy cuestionable desde el punto de vista democrático dejar fuera del escrutinio público toda una rama de actividad del Estado sin que haya rendición de cuentas y por tiempo indefinido”.
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