El juez de instrucción 7 ha archivado la causa puesto que ha transcurrido más de un año sin que se haya podido dirigir la acción penal contra nadie. Dos altos cargos de la Junta -la entonces secretaria general de la Consejería de Innovación y el director de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información- declararon como testigos ante el juez en mayo de 2010 y afirmaron que el IP de uno de los ordenadores utilizados por los piratas correspondía a la Consejería de Cultura en Jaén.
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