Los juristas deberían aclarar a los ciudadanos algunas de las perplejidades en las que nos está dejando el juicio por los atentados del 11-M. Al parecer la justicia española carece de recursos para evitar que un conglomerado político formado por ex jefes de gobierno, ex ministros, dueños de medios de comunicación, organizaciones ultraderechistas como la AVT, periodistas y ex jefes de la policía, sea capaz de construir y poner en circulación pruebas falsas que intentan alterar lo esencial de unos hechos criminales sin que tengan que dar cuenta.
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