Las continuas dudas que el Gobierno de Mariano Rajoy extiende sobre la solvencia de Andalucía a la menor ocasión, y los nuevos criterios para repartir algunos fondos —como los de las políticas activas de empleo, respecto a los que sale perjudicada—, han instalado a la Junta en el convencimiento de que existe un trato “desigual” intencionado hacia la comunidad.
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