El plazo legal para adecuar los contenidos de los servicios públicos ofrecidos a través de la Web a los criterios de accesibilidad “generalmente reconocidos” expira el 31 de diciembre. Las Administraciones Autonómicas han dispuesto de más de tres años para llevar a cabo esta tarea, desde la promulgación en junio de 2002 de la LSSICE. El suplemento de tecnología de "El Mundo" publica un informe de discapnet en el que se analizan con detalle los portales autonómicos.
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