Más de setenta viviendas ilegales diseminadas por la costa gaditana (desde Sanlúcar hasta Barbate) están condenadas a ser derribadas por infringir los planes urbanísticos municipales u ocupar espacios protegidos por su valor ecológico. Sobre cada una de ellas pende una sentencia judicial que ordena que desaparezcan. Su derribo definitivo, sin embargo, se hace esperar en la mayoría de los casos, a veces incluso durante meses y en ocasiones años.
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