La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por violar el derecho al ambiente sano. Es por el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que estaba en manos de la empresa estadounidense Doe Run. La sentencia marca un antecedente jurídico importante para otras comunidades y podría aplicarse a todos los países de América Latina y el Caribe.
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El estado son esas mismas víctimas y las que no lo son, por lo tanto, los dineros para resarcir esa injusticia van a salir del bolsillo de todos los peruanos.
Las empresas contaminadoras del mundo se están frotando las manos.
Cosas del capitalismo, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan.
Ya me gustaría a mí que las indemnizaciones de “la colza” las hubiera pagado el estado por responsabilidad… » ver todo el comentario