Los concejales no podrán trabajar en sectores sobre los que tomen decisiones hasta dos años después de abandonar el cargo, entre otras medidas. El Gobierno pretende consensuar estas medidas con los grupos parlamentarios para su aprobación en los próximos meses. La iniciativa surge después de que el urbanismo salvaje y la corrupción hayan llevado a la cárcel a más de 30 concejales desde las últimas elecciones municipales de 2003. [Con extractos del articulado]
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