El Gobierno de José María Aznar aplicó una política penitenciaria entre 1996 y 2000, periodo en el que ETA declaró una tregua de 13 meses (de septiembre de 1998 a noviembre de 1999), favorable a los presos etarras. El PP no puso ninguna condición para hablar con ETA, ni hubo verificación de que el alto el fuego era real. Durante la tregua, continuó en Euskadi la violencia terrorista callejera y la extorsión a empresarios.
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