La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local eliminará la autonomía y la gestión de su patrimonio a más de 3.000 juntas vecinales. El anteproyecto pretende suprimir la personalidad jurídica de más de 3.750 entidades locales menores (como juntas vecinales, concejos, barrios, parroquias o pedanías) pueblos que cuentan con recursos propios y potestad para administrarlos y ejercen democracia directa sobre estos recursos. De este modo, la gestión de sus bienes sería administrada por ayuntamientos, diputaciones y Comunidades autónomas.
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