Hasta ahora, los precios de servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban el 1 de enero utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta en la que trabaja el Gobierno eliminaría esta vinculación al IPC y analizaría las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de dichos servicios. La norma derogaría cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones.
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