Si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decide finalmente derogar la «doctrina Parot» a partir de la vista que se celebra el miércoles, 20 de marzo, el Estado español podría verse obligado a abonar alrededor de dos millones de euros a los sesenta etarras que en ese supuesto seguirían los pasos de la terrorista Inés del Río Prada.
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