Rajoy ha privatizado la enseñanza, sanidad, justicia, seguridad y hasta el agua: más de la mitad de Ayuntamientos han privatizado la gestión del abastecimiento, saneamiento y depuración del agua a 25 millones de españoles. Un servicio que se reparten dos empresas (Agbar y FCC-Aqualia), que quieren gestionar el 70% del agua. Para los Ayuntamientos, es una tentación cobrar un alto canon por ceder la gestión durante 30 años y dedicar ese dinero a tapar agujeros. Para los usuarios, la privatización supone fuertes subidas del recibo y peor servicio.
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