Una nueva ley que sanciona a los venezolanos que se nieguen a cooperar como informantes de las agencias de inteligencia decretada por el presidente Hugo Chávez, causó protestas de grupos de defensa de los derechos humanos que la consideran un instrumento para aplastar a la oposición. Las fuerzas de seguridad quedaron habilitadas para recolectar evidencias a través de medios electrónicos de vigilancia, como grabación de llamadas telefónicas, sin necesidad de contar con la orden de un juez. También las autoridades pueden retener pruebas.
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