Las autoridades insisten en que el proyecto, que costará 4 millones de libras (4.4 millones de euros), ayudará a combatir otros problemas como la prostitución, el narcotráfico, la inmigración ilegal y el gamberrismo. Sus críticos, como Dylan Sharpe, del grupo Big Brother Watch, señalan que es un nuevo ejemplo de los intentos del Gobierno laborista de convertir a los ciudadanos en delatores de sus vecinos.
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