Con fecha 23 de septiembre de 2005, y con arreglo a cuanto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, se remite al presidente de esa Cámara un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos acaecidos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 en el que, después de una larga investigación de más de veinte años, se presenta toda una serie de indicios racionales que apuntan a que el rey Juan Carlos I como el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución.
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