El Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones podrían ahorrarse cerca de 13.000 millones de euros solo con aplicar los principios básicos de una gestión económica eficiente, y nada más que actuando sobre el capítulo dos de los presupuestos, que es el que contempla gastos por bienes y servicios corrientes, tales como la luz o el teléfono.
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