El Tribunal Supremo ha sentenciado que la reversión a la red pública del modelo de gestión privada de la sanidad pública más duradero de España se ha hecho conforme a la ley. La Generalitat valenciana, gobernada por los socialistas y Compromís, decidió no renovar la concesión al grupo privado Ribera Salud que concluía en 2018 y acabar así con el llamado modelo Alzira. La sentencia supone un espaldarazo legal a la actuación del actual Gobierno valenciano en un asunto muy polémico.
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